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LATAM y la Ley de Protección de Bancarrota


Josue Revilla Romeroflores
(Trader De Renta Fija Y Variable)

03 jun 2020

Cuando escuchamos la palabra bancarrota la asociamos inmediatamente con el hundimiento económico y la disolución total de una entidad. Si bien, es correcto asociarlo con ello, en oportunas ocasiones la palabra bancarrota puede resultar la luz al final del camino y la salvación para una entidad, incluso para una persona natural, y en EE.UU. hay una Ley que lo permite, otorga el último "chance" de continuar operando y sobrevivir en el mercado.

La Ley de Bancarrota de EE.UU. permite, en la mayoría de los casos a entidades, tener la opción de continuar operando mientras reorganiza su estructura libre de presión por parte de sus acreedores. Esta es una Ley muy compleja que incorpora varios capítulos y vertientes estatales en su funcionamiento y  lleva a las entidades a poder acogerse a la Ley de diferentes maneras.

Los procedimientos de bancarrota están supervisados bajo la jurisdicción de los tribunales y los jueces especializados en esta materia. En esta existen dos capítulos básicos, uno de ellos es el capítulo 7, sobre el proceso de  "Liquidación", donde el tribunal se encarga del cobro de los bienes y la distribución de los fondos a los acreedores y en última instancia a los accionistas. Por otro lado, el de "Rehabilitación", en donde el más conocido es el capítulo 11, o como denomina coloquialmente: "Chapter 11."

El capítulo 11 de la Ley de Bancarrota es el alivio financiero y quizás la última oportunidad de  permitir al deudor una reestructuración total al utilizar sus beneficios  futuros para pagar a sus acreedores según acordado previamente entre las partes y sujeto a la aprobación del tribunal. Existe incluso la posibilidad de que los mismos acreedores invoquen el capítulo 11 para el deudor bajo ciertas condiciones. De la misma manera, cuando una entidad se acoge al capítulo 11, los mismos acreedores pueden refutar ante el tribunal que la compañía no está en condiciones y no tiene la capacidad de ser rehabilitada. Si este procede, el tribunal decidirá el destino de la compañía bajo los términos del capítulo 7, la liquidación.

En ocasiones reiteradas, los principales acreedores suelen debatir con el deudor, como en cualquier negociación, definiendo sus posiciones, y en la mayoría de los casos los acreedores ceden para acordar un plan de reestructuración adecuado para el deudor. Muchas veces los acreedores no tienen garantías solidarias y por tanto acuerdan recibir mucho menos del valor facial de la deuda. De hecho, los mismos acreedores con garantías suelen ceder a favor del deudor, pero ellos siempre serán los primeros en ver los beneficios de la rehabilitación, siendo los accionistas y dueños los últimos en recibirlas.

El capítulo 11 suele ser el proceso más complejo y más costoso sobre todos los procedimientos de quiebra, por ello, la compañía a acogerse debe estar muy segura de ello y en lo sucesivo no podrá tomar decisiones sin la aprobación del tribunal de quiebra. Aunque si todo sale bien, el deudor terminará pagando significativamente menos de la deuda inicial, y en casos reiterados hasta más de la mitad del nominal inicial, resultando muy beneficioso para el deudor.

¿Pero qué sucede con las acciones de una compañía cuando se acoge al capítulo 11? Muchos lo ven como una oportunidad única tratando de comprar a precios mínimos, esperanzados en que el deudor surja del proceso como una compañía operativamente viable. Otros, atemorizados, venderán sus posiciones descontroladamente ocasionando una venta masiva,  llevando la cotización a mínimos históricos, e incluso se refugiarán en la competencia intuyendo un alza en sus acciones. Pero lo cierto es que una vez aprobado el plan de rehabilitación, la empresa suspende cualquier pago de dividendo hacia los accionistas y pago de cupones hacia los tenedores de bonos, y este último producto sufrirá un fuerte  "downgrade"  hasta llegar al grado especulativo y pasarán a ser junk bonds. Las acciones de la empresa sí podrían seguir cotizando con normalidad, aunque en muchos casos podrían llegar a deslistarse en caso de no cumplir con los requisitos mínimos exigidos por el ente regulador.

El caso de Latam y Avianca han sido los más recientes sonados en el mercado. Latam siguió cotizando, mientras que Avianca prefirió la paralización de la cotización de sus acciones.

Centrándonos en Latam, la aerolínea más grande de Latinoamérica, se vio duramente afectada por la pandemia, y según su CEO, acogerse al capítulo 11 representa la mejor opción, lo cual incluye a su Matriz Latam Airlines Group S.A. y sus filiales en Chile, Perú, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos. Mientras que sus filiales en Paraguay, Argentina y Brasil, en un esfuerzo de recuperación, no se acogieron, teniendo previsto este último un financiamiento muy importante por encima de los 300 millones de dólares por parte de BNDES Participaciones S.A. y tres bancos privados.

El fin de semana previo a la noticia, Donald Trump prohibía el ingreso a EE.UU. a todo ciudadano no estadounidense procedente de Brasil, país cuyas operaciones reflejaban cerca del tercio de los ingresos de Latam. Apenas días después de publicada la noticia de quiebra, las acciones de Latam se hundían un 50% durante la sesión de negociación chilena, para luego establecerse y cerrando el día en -36%. Similar comportamiento tuvo su ADR en Nueva York con caídas cercanas al -40%. Por otro lado, sus bonos al 2026 y 2024 se alejaban fuertemente del valor par cotizando por debajo de 20, con rendimientos por encima del 50% y del 60%.

Previo al COVID-19, Latam operaba más de 1,300 vuelos diarios y durante el 2019 llegó a transportar 74 millones de pasajeros. Además contaba con más de 340 aviones en su flota y cerca de 42 mil empleados. Ahora, eliminó más de 1,850 empleos en las últimas semanas, congeló sueldos por 6 meses hasta un año, redujo sus operaciones con pasajeros en 95% y planea reducir y eliminar el leasing de su flota aérea. Todo con tratar de reducir sus gastos.

Pero Latam ha sido fuertemente respaldada y financiada por tres principales inversores: la familia Cueto, la familia Amaro y Qatar Airways. Entre ellos un aporte que asciende a los 900 millones de dólares, y adicional a ello cometan que poseen 1,300 millones de dólares en efectivo y agregando los casi 350 millones de aportes en Brasil, estamos hablando de más de 2,500 millones de dólares que dispone Latam para levantarse. Cifras enormes.

¿Y el Estado chileno? Insinuaron apoyar a Latam, pero estamos hablando de un gobierno bastante golpeado por su último conflicto social, el cual digamos que tiene dos posiciones. Uno de ellos con la idea que si a una compañía le toca quebrar, entonces que quiebre. Por otro lado, una posición adversa cree que el gobierno debería tener mayor injerencia pero no tienen el suficiente poder para hacerlo, aparte de ello, como comenté líneas arriba, Chile viene del conflicto social del 18 de octubre que dejó al país muy tocado llegando a niveles de apoyo por debajo del 10%. Por tanto, un apoyo a una corporación tan grande como Latam se puede ver como un apoyo hacia los más poderosos y acaudalados, dejando de lado a la población. Esto nos lleva a tener un gobierno chileno muy cauteloso ante la  toma de decisiones, quizás excesivamente cauteloso. Si miramos por ejemplo a Alemania, un gobierno centro derecha el cual adquirió el 20% de Lufthansa, con aportes cercanos a los 10,000 millones de dólares.

A pesar de caer cerca del 95% en vuelos comerciales, en vuelos de carga solo cayeron en 30% ya que estos tienen menos restricciones. Además, Latam podrá seguir manteniendo acuerdos con agencias de viaje y socios comerciarles. En este contexto, suponiendo que a fines de año los vuelos de pasajeros empiecen a retomar y sumándole que en esas fechas las temperaturas empiezan a ser más cálidas, lo cual disminuiría el tiempo de vida del virus, y por último, resaltando los cerca de 2,500 millones de dólares que dispone para levantarse, las acciones de Latam, a un plazo no mayor a un año, perfila como una opción bastante interesante para los inversionistas más arriesgados.

INFORMACIÓN LEGAL

El presente artículo de opinión no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente artículo de opinión debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración del presente artículo de opinión, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

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